Cada once minutos, muere una mujer o niña a manos de su pareja íntima o algún miembro de su familia, y sabemos que otras crisis, desde la pandemia de COVID-19 hasta las perturbaciones económicas, no hacen más que aumentar las agresiones físicas y verbales.
Las mujeres y las niñas también son objeto de la violencia que prolifera en Internet, desde el discurso de odio misógino hasta el acoso sexual, la pornografía de venganza y la coerción sexual por depredadores.
Esta discriminación, violencia y agresión dirigida a la mitad de la humanidad nos cuesta muy caro, ya que limita la participación de las mujeres y las niñas en todos los ámbitos de la vida, les niega derechos y libertades fundamentales y obstaculiza la recuperación económica igualitaria y el crecimiento sostenible que necesita el mundo.
Es hora de tomar medidas transformadoras para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas.
En otras palabras, los Gobiernos deben formular, financiar y aplicar planes de acción nacionales para acabar con este flagelo.
En cada etapa de los procesos decisorios, deben estar implicados los grupos populares y de la sociedad civil.
Hay que asegurarse de que se apliquen y respeten las leyes, de manera que se defiendan los derechos de las sobrevivientes a la justicia y la asistencia.
Y hay que apoyar las campañas públicas que cuestionan las normas patriarcales y rechazan la misoginia y la violencia.
Sobre todo, como nos recuerda el tema de este año —“ÚNETE de aquí al 2030 para poner fin a la violencia contra las mujeres”—, hay que defender a los activistas de todo el mundo que piden un cambio y ayudan a las sobrevivientes de la violencia. Insto a todos los Gobiernos a que, para 2026, aumenten un 50 % la financiación que destinan a las organizaciones y los movimientos que defienden los derechos de las mujeres.
Alcemos la voz con firmeza para defender los derechos de las mujeres.
Digamos con orgullo: todos somos feministas.
Y releguemos la violencia contra las mujeres y las niñas a los libros de historia.